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La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha anunciado que mantendrá en la vía jurisdiccional la exigencia de que sea el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quien "asuma su responsabilidad y no cargue" a las comunidades autónomas el pago de los 262,8 millones de euros que le reclama la Comisión Europea por no haber transpuesto adecuadamente a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos en las campañas 2009 a 2013. Según Bruselas, el conocido como Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional "tarde y mal", ha explicado Ortiz. Esta decisión, denominada corrección financiera, afecta a once regiones y en el caso de Andalucía la cantidad que se tendría que devolver asciende a 63,7 millones de euros. Tanto las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, como Cooperativas Agro-alimentarias, presentes en la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada en Sevilla, han mostrado su respaldo unánime a las acciones que va a emprender la Consejería de Agricultura para evitar que Andalucía tenga que hacer frente a este pago.

 Durante el encuentro, la representante del Gobierno andaluz ha lamentado que el Gobierno central no solicitase ante las instituciones europeas una suspensión cautelar de la medida, "como instamos desde Andalucía", y que finalmente haya derivado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas". Según ha explicado Ortiz, esta corrección financiera que exige la UE es "consecuencia de haber aplicado una normativa básica nacional que, según la Comisión, no es adecuada, por lo que debe ser asumida por la Administración General del Estado".

 Carmen Ortiz ha afeado además la actitud de la ministra Isabel García Tejerina, a quien representantes de las comunidades afectadas "solicitamos una reunión a través de una carta de la consejera de Agricultura de Extremadura y no solo nos negó el encuentro, sino que el 17 de febrero el Consejo de Ministros aprobó, sin previo aviso, un acuerdo para traspasar esta responsabilidad a las comunidades autónomas, que no tenemos ninguna capacidad para legislar en el ámbito de las ayudas directas".

 La consejera ha recalcado la injusticia de esta decisión, y ha adelantado que ante las graves consecuencias económicas que se derivarían de la inminente ejecución de la misma, desde Andalucía "vamos a presentar un recurso contencioso administrativo contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento". Todo ello, ha añadido, "para preservar los derechos de todos los andaluces ante la posibilidad de que se vean afectadas otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad para hacer frente a este pago o pueda ponerse en riesgo el abono de las ayudas de la Política Agrícola Común, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros y afectan a más de 300.000 agricultores y ganaderos y empresas agroroalimentarias".

 Plan Director de las Dehesas

Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, que culminó el periodo de alegaciones el 20 de febrero. Ortiz ha informado de que se han recibido más de 90 aportaciones que están siendo analizadas por las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre otras cuestiones, la consejera ha trasladado a los asistentes la posibilidad de crear un órgano específico encargado del seguimiento de este plan si se considerase conveniente.

 En Andalucía existen más de 1,2 millones de hectáreas de dehesa, de las que se benefician casi un centenar de municipios, con una población de más de 240.000 personas y un tejido industrial muy vinculado a sus aprovechamientos, especialmente el ganadero, pero también los forestales como el corcho o la leña.