El incumplimiento de la cambiante legislación puede acarrear multas de hasta 600.000 euros para los e-commerce

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El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, es una rama de actividad que, dado su carácter digital, cuenta con un marco legislativo cambiante que siempre se ha de estar revisando.

“El incumplimiento de las obligaciones de la empresa propietaria del ecommerce puede conllevar grandes multas de hasta 600.000 euros”, advierte Jorge Fernández, abogado y socio del despacho Círculo Legal.


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La digitalización y la transformación digital es una parte cada vez más importante del día a día de las personas. En el sector servicios, son numerosos los empresarios que optan por la apertura del comercio electrónico o e-commerce. Una buena vía de conectar con el nuevo modelo de consumidor, pero todo un reto en lo que a gestión se refiere por un marco legislativo en cambio constante.

“Uno de los aspectos principales que han de tener en cuenta las personas que se embarcan en un e-commerce es la existencia de leyes cambiantes en el sector; y es que el incumplimiento de estas, así como de las obligaciones de la empresa propietaria del comercio digital, puede conllevar grandes multas de hasta 600.000 euros”, advertía Jorge Fernández, abogado y socio de Círculo Legal, este jueves en un webinar organizado en conjunto con el portal especializado Economist & Jurist.

A día de hoy, en pleno 2022, las leyes vigentes a tener más en cuenta en este ámbito son Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPD), la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y el C.C.

En lo que respecta a la Ley General de Defensa de los Consumidores, el experto destacó una serie de derechos intrínsecos a todo consumidor digital y que, por lo tanto, todo comercio electrónico ha de respetar.

“Destacan aquí aspectos tan importantes como el derecho a una hoja de reclamaciones, el derecho al desistimiento, el derecho a recibir una copia del contrato, el derecho a que utilicen métodos de venta autorizados y sujetos a la legislación vigente o el derecho a recibir una información transparente, correcta, objetiva, cierta y comprensible de todo producto, bien o servicio ofrecido”, detalla Fernández.

Junto a esto, en lo que respecta al apartado puro del e-commerce como empresa, destacan aspectos legales tan importantes como la privacidad de las transacciones, la devolución o precios equivocados, que acostumbran a ser los temas que mayor conflicto generan.

Políticas de Cookies y Protección de Datos

“Aunque, si hablamos de aspectos legales cambiantes, no podemos dejar fuera a las políticas de cookies, que, desde que la Unión Europea presentara su primera directiva a principios de siglo, ha ido sufriendo una serie de modificaciones con cierta periodicidad para garantizar los derechos de los consumidores y evitar que las grandes empresas se aprovechen de sus datos personales y privados”, afirmó Antonio Pastor, abogado y socio de Círculo Legal.

Los principales puntos a tener en cuenta en este aspecto son la obligación a que las cookies sean visibles a primera vista y accesibles, que el usuario ofrezca su consentimiento activo y consciente de las mismas o informar de forma detallada sobre qué supone la aprobación de las mismas y cómo se puede proceder a su desactivación.

“Esta problemática concreta está estrechamente relacionada con la protección de datos”, añadió Pastor, quien también señaló la obligación que tienen los e-commerce de identificar todos los ficheros que contengan datos de carácter personal, así como de elaborar una política de privacidad propia y asegurarse de la correcta inscripción del fichero en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“Si alguna empresa no cumpliera con estas obligaciones, o bien el usuario tuviera alguna queja o reclamación, los principales organismos para la resolución de conflictos son, en el ámbito regional, la Agencia Catalana de Consumo, y el Centro Europeo del Consumidor (CEC), a nivel comunitario. Por otro lado, cabe mencionar que estos conflictos podrán resolverse, dependiendo de su naturaleza y envergadura, tanto por la vía judicial como por la extrajudicial, a través de la Plataforma Europea de Resolución de Conflictos en línea”, concluyó.